La ampliación de subrogados penales o “amnistía”
Luego de varios días de debate político por la idea de la amnistía general de la que habló el expresidente Uribe ante el Padre de Roux de la Comisión de la Verdad, por fin ayer se conoció lo que sería el texto de borrador de la iniciativa, que llegaría como un Proyecto de Acto Legislativo al Congreso de la República.
La propuesta de proyecto de acto legislativo, fue presentada por el expresidente Uribe a su bancada, donde entre otras cosas plantea, en que, por una vez, una persona condenada o procesada pueda aspirar a cargos de elección popular o ser nombrada en cargos públicos.
Dice la iniciativa: “Se permitirá por una sola vez que personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia. Se exceptúan delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”.
Para acabar con la asimetría que generó el acuerdo que llaman de paz con las FARC, se plantea que los integrantes de las Fuerzas Armadas, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos.
El proyecto de acto legislativo señala que es deber de los beneficiarios realizar una reparación a las víctimas, con pedido de perdón, cuando se haya causado el daño, también se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique auto incriminación.
Esta iniciativa permitirá que partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos puedan avalar a candidatos que resulten cobijados con esta amnistía, a menos que se presente una sanción penal por hechos posteriores a la entrada en vigencia del acto legislativo.
Por último dice el borrador que la ley definirá las condiciones para que personas desmovilizadas en el periodo 2002-2010 puedan ser admitidas en la Ley 975 de Justicia, Paz y Reparación, siempre que por alguna circunstancia no estén siendo procesadas de acuerdo con esta ley.
Ante este proyecto que se presenta algunos juristas han dicho que no se puede estar de acuerdo en otorgar la posibilidad de ocupar cargos de elección popular a reincorporados o personas que hubieren sido condenadas por diversos delitos.
Así las cosas esta iniciativa logrará modificar la inhabilidad intemporal para ejercer cargos públicos de que trata el artículo 122 de la Constitución Política.
Valdrá recordar que los reincorporados de las FARC, hoy aunque fueron condenados algunos de ellos y otros están señalados de graves crímenes están ocupando cargos públicos y de elección popular.
Hace tan solo unos días, ante esta idea de acto legislativo, el señor Fiscal, Francisco Barbosa, expresó que se oponía a cualquier propuesta de amnistía, pero cuando el proceso con las FARC, defendió el modelo de justicia transicional que hoy tenemos y que se llama JEP.