Políticos de la costa colombiana terminarían salpicados en escándalo de corrupción entre Mintic y Centros Poblados

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Hoy será un día de la mayor importancia en el caso de presunta corrupción por el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y Centros Poblados. Hoy sabremos qué decisión toma el juez 53 de control de garantías, que definirá si le impone medida de aseguramiento dentro de ese escándalo.

Se definirá la situación de Emilio Tapia, quien fuera capturado el 20 de septiembre por su vinculación con la confección de las garantías calificadas de falsas que respaldan el millonario contrato de conectividad. En la audiencia, citada para las 8 de la mañana, se definirá si se le dicta medida de aseguramiento por falsedad en documento privado y fraude procesal, ambos agravados.

También se definirá la suerte de Luis Fernando Duque, representante legal de la UT; y de Juan José Laverde, quien se retiró de Rave Agencia de Seguros después de que estalló el escándalo de corrupción, de donde salieron los más de 70 mil millones de pesos de anticipo y que terminó por dejar en evidencia graves maniobras de presunta corrupción.

De acuerdo con medios de comunicación, la Fiscalía tiene evidencia que considera suficiente señalar a Tapia, Duque y Laverde por corrupción. Incluso, aseguró que los considera un peligro para la sociedad y que pueden obstruir la investigación.

Además, recordó que Tapia, habría violado el beneficio de la detención domiciliaria, tras pagar las tres quintas partes de la pena por el recordado carrusel de la contratación en Bogotá.

Para algunos, Tapia estaría buscando tiempo para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Y al tratarse de un reincidente, tendría que señalar a algunos congresistas donde según el diario El Tiempo, por lo menos un político de la costa llamó al Mintic a abogar para que no decretaran la caducidad del contrato y lo cedieran a un tercero.

También señala el diario que hubo intervención de un político del Atlántico, que incluso terminaría salpicado por el uso del anticipo, por 70.000 millones de pesos.

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