El país comenzará el segundo semestre del año en medio de un ambiente de incertidumbre fiscal, deterioro de la actividad empresarial, la instalación de la última legislatura del Congreso y el inicio de una agitada carrera electoral.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se estima un déficit de $95,7 billones para este año, que demandará una estrategia de política económica del Gobierno Nacional. Dicha hoja de ruta, liderada por el jefe de la cartera de hacienda y las finanzas públicas, garantizaría la estabilidad macroeconómica y jurídica del país para generar confianza a los fondos de inversión, la banca multilateral, las calificadoras de riesgo y los tenedores de deuda pública. A través de las rentas petroleras y mineras, y la venta de activos estatales, el gobierno buscaría recursos adicionales para la financiación de los programas de inversión social.

Si bien el Plan Financiero para 2022 prevé un crecimiento de la economía de 4,3%, una tasa de desempleo de 11,9% y un déficit fiscal de 7%, será de suma importancia la aprobación de las iniciativas radicadas en el capitolio durante la última legislatura del congreso. El debate político, en torno a la inversión en proyectos de infraestructura, créditos a bajo costo, y generación masiva de empleo, le permitirá al Estado generar bienestar, progreso y desarrollo durante los meses que restan del cuatrienio.

La radicación de una nueva propuesta de reforma, consensuada entre los partidos políticos y el Gobierno Nacional, le permitiría al país recuperar el grado de inversión, impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y reactivar la acosada actividad empresarial. Los gremios de la producción, inversionistas y emprendedores, en sectores estratégicos como construcción, agroindustria y alimentos, contribuirían a mejorar los indicadores de crecimiento y desempleo a través de las iniciativas presentadas por el Gobierno.

Los comicios del próximo año determinarán, sin duda, el ritmo de la presente labor legislativa, que requerirá de la determinación política de nuestros representantes para aprobar los proyectos de ley que buscarían la sostenibilidad fiscal y la reconstrucción del marco social, en medio de la carrera electoral de 2022 a las elecciones de presidencia y congreso.

 

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