Por esta vez, Colombia logró escapar del comunismo legislativo

0
8359

En las últimas semanas de sesiones en el Congreso de la República aparecieron todo tipo de presiones por parte de la extrema izquierda para hacer aprobar normas que nacían directamente del acuerdo con los terroristas de las FARC y otras como el tratado de Escazú.

Una de las esas normas de las que se salvó el ordenamiento jurídico colombiano fue la JEP Agraria o Proyecto de Ley Estatutaria Nro: 134 de 2020 Cámara – 395 de 2021 Senado, “por la cual se crea una especialidad judicial agraria y rural, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”

Esta iniciativa que pretendía entre otras cosas, crear todo un sistema de justicia, con modificaciones al CPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, al Código General del Proceso y a la Ley 270 de 1996, de administración de justicia, causando problemas de seguridad jurídica.

Este Proyecto de Ley pasó tres de los cuatro debates para convertirse en realidad, con la creación de 322 nuevos cargos en la rama de la Justicia, con un costo aproximado de $417 mil millones de pesos anuales, cuando el país atraviesa por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, con un hueco fiscal que llega a los $93 billones de pesos, como lo ha venido denunciado la Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Para fortuna del campo colombiano, este Proyecto se hundió por falta del último debate, donde de manera grosera la Senadora Angélica Lozano de los verdes, acudió a estrategias tan bajas como la de publicar conversaciones privadas entre ella y el Ministro de Justicia, para poner en evidencia que el Gobierno Duque apoyaba ese proyecto.

El otro proyecto del que se salvó Colombia fue el que aprobaba el tratado de Escazú, un acuerdo que disfrazado de proteger los derechos ambientales, que perseguía a los productores del campo y dejaba a Colombia en manos de la Corte Internacional de Justicia, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si no tuviera suficiente Colombia con su sistema judicial.

El mayor riesgo de Escazú era la posibilidad de que ONG´s de Derechos Humanos internacionales, pudieran ser parte en los litigios internos.

Grandes megaobras como Hidroituango se hubieran visto comprometidas y en problemas para su puesta en marcha.

Con esto queda demostrado que tanto las FARC como sus amigos comunistas, están dispuestos a hacerse con el control de la política en Colombia, y cambiar normas a su acomodo para tomarse el poder en cuanto tengan la posibilidad.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here