Después del largo y dificultoso proceso de extradición del “empresario” Alex Saab, la justicia estadounidense irá por tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos, incluido un alto mando chavista.

Estos funcionarios fueron acusados por un juzgado de Florida de ejecutar un esquema de corrupción que se lucraba a través de la importación de alimentos y medicinas a Venezuela.

Entre los acusados están Álvaro Pulido Vargas, un empresario colombiano, y José Gregorio Vielma Mora, un político y militar chavista que, entre otros cargos, fue gobernador del Estado Táchira, en la frontera con Colombia, entre 2013 y 2017.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se les acusa «por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una entidad estatal venezolana y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela».

El gobierno venezolano rechaza las acusaciones, ha lanzado una campaña internacional para «rescatar» a Saab y dice que todo es parte de una persecución judicial y política que intenta derrocar a la revolución bolivariana.

Corrupción, el resultado del socialismo del S. XXI

Si bien, los Estados Unidos investiga los dos esquemas de corrupción como procesos separados, varios medios de comunicación colombianos han reportado la cercanía de los empresarios colombianos con Saab.

Incluso, se les vincula con candidatos de extrema izquierda como Gustavo Petro o Piedad Córdoba. Por ejemplo, Carlos Rolando Lizcano Manrique, es considerado la mano derecha del empresario extraditado hace seis días.

Y el esquema de corrupción que se les atribuye es prácticamente el mismo que se le sindica a Saab: contratos para importar alimentos y medicinas que eran cotizados con sobreprecio y otorgados a través de sobornos a funcionarios chavistas que se pagaban en cuentas bancarias internacionales.

Producto del esquema de corrupción, los llamados «conspiradores» supuestamente recibieron US$1.600 millones de Venezuela y transfirieron aproximadamente US$180 millones en sobornos.

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