¿Con o sin Ley de garantías la misma corrupción?

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Aumenta la controversia en el Congreso de la República, por cuenta del trámite de la Ley del presupuesto general de la nación, donde se incluyó un artículo que permitiría la inaplicabilidad de la conocida Ley de Garantías.

La Ley de Garantías que nació en 2005 en el marco del proceso de reelección del expresidente Álvaro Uribe, prohíbe la celebración de convenios interadministrativos y la participación de los mandatarios regionales en eventos de carácter proselitista previo a las elecciones. La idea es prevenir que la contratación estatal sea utilizada como un vehículo para materializar indebidas prácticas relacionadas con la actividad electoral, a través del favoritismo político patrocinado por contratistas inescrupulosos.

Aunque esta idea no es nueva. La oposición le recordó al Presidente Iván Duque, quien cuando era Senador, se opuso al intento por eliminar la Ley de Garantías por parte del gobierno Santos.

“La suspensión de la ley de garantías no puede usarse como un instrumento para reelegir en cuerpo ajeno a quien ahora, curiosamente, sí le parece una buena decisión. Basta ya de ver a alcaldes y gobernadores presionados, sometidos y humillados por el centralismo”, apuntó la Coalición de la Esperanza.

Hace apenas algunos días el presidente Iván Duque había defendido esta propuesta. Dijo que los alcaldes y gobernadores elegidos que tomaron posesión en enero del año 2020 han tenido ese muro que les ha impedido llevar a cabo todas sus aspiraciones y programas.

Según el primer mandatario, el mensaje no es eliminar los problemas de alcaldes y gobernadores con cheques en blanco, sino tomar determinaciones, suspender efectos y también eliminar componentes, de tal manera que puedan ejecutar proyectos que beneficien a las comunidades.

De otra parte analistas y expertos en derecho constitucional, han apuntado que no hay unidad de materia en el texto que pasa a sus últimos dos debates, pues la Ley del Presupuesto no tiene nada que ver con la Ley de garantías. Esto significa que en el control constitucional, puede eliminarse ese artículo.

Ya veremos que pasa en las plenarias, donde la oposición asegura logrará que se retire el artículo que elimina parcialmente la Ley de Garantías.

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